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Santa Fe. Abajo la contrarreforma represiva y punitiva de Pullaro

La cámara de diputados de la provincia de Santa Fe aprobó una ley de contrarreforma de seguridad, bajo el nombre “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad...

Santa Fe. Abajo la contrarreforma represiva y punitiva de Pullaro

La cámara de diputados de la provincia de Santa Fe aprobó una ley de contrarreforma de seguridad, bajo el nombre “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad...

La cámara de diputados de la provincia de Santa Fe aprobó una ley de contrarreforma de seguridad, bajo el nombre “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que ahora sigue su curso para su aprobación final en la cámara de senadores. Pullaro argumenta estas contrarreforma en la necesidad de tener nuevos instrumentos para combatir al narcotráfico, pero lo que hay en esta ley es un fortalecimiento del poder policial del Estado, atentando contra las garantías constitucionales y las libertades de los santafesinos. 

Por Gina Turtula

El proyecto original

El proyecto original que presentó Pullaro incorporaba las zonas de intervención policial especial, esto implica que en determinados territorios las fuerzas policiales estén habilitadas a restringir la circulación, hacer controles de acceso, requisas e incluso a demorar ciudadanos hasta 48 horas para establecer su identidad. También se incorporaba los interrogatorios policiales sin abogado previo a la imputación del sujeto, atentando contra el derecho a guardar silencio, retirarse y contar con asistencia de un abogado. Estos dos puntos fueron de debates y controversias en la cámara baja, incluso dentro del propio bloque Unidos. Por ellos se eliminaron del proyecto que finalmente llega a la camara de senadores, pero son la expresión del carácter de esta contra reforma eliminar garantías constitucionales, criminalizar a los barrios populares, fortalecer al poder policial e incluso habilitar la tortura. Pullaro intenta con esto legalizar lo que ya ocurre de hecho en los territorios: el control y la persecución, la impunidad para la policía y mayores facultades para las fuerzas de seguridad para regimentar la ciudad, teniendo como base el supuesto de que todos somos posibles delincuentes. 

Estos dos puntos que se eliminaron del proyecto del ejecutivo y algunas otras modificaciones cosméticas que buscan ampliar el control de la justicia en los procedimientos no cambian el carácter regresivo, antidemocrático y punitivo de esta ley. Si finalmente se aprueba, estaremos ante una clara avanzada sobre las libertades civiles e individuales mediante el fortalecimiento del poder del Estado, habilitando la arbitrariedad para las fuerzas represivas, eliminando controles y generando herramientas para perseguir y criminalizar a militantes, activistas y opositores, que se suman a las vastas leyes que existen a nivel nacional con este fin: ley antiterrorista, protocolo antipiquete, etc. 

Los puntos centrales de una contrarreforma en seguridad

A pesar de haberse eliminado la posibilidad de declaración ante la policia sin abogado defensor, que era una forma clara de habilitar la tortura, lo que Pullaro logró mantener dentro de la ley es la declaración informativa ante un fiscal y sin un abogado de un ciudadano que sin ser aún imputado y de manera “voluntaría” quiera declarar. 

Además, la contra reforma incorpora el juicio por ausencia, esto significa que se pueden realizar procesos judiciales y su sentencia cuando el acusado no esté presente. La cámara de diputados intentó suavizar incorporando algunos requisitos para que se habilite el juicio en rebeldía. Sin embargo, esta modificación se sostuvo en su esencia: los acusados pierden su legítimo derecho a defensa y a participar del proceso.

Por otro lado, se avanzó en transformaciones en el servicio penitenciario, incorporando la modalidad de régimen agravado, que implica medidas de restricción de actividades, comunicación y visitas, como así también el aislamiento individual para los presos considerados de alto perfil. Esta medida no sólo refuerza las medidas de detención restringiendo las libertades individuales de las personas privadas de su libertad, sino que además cualquier preso está sometido a una arbitrariedad: ¿quiénes son considerados de alto perfil? Tengamos en cuenta que en nuestro país la Ley antiterrorista encarcela a luchadores, militantes, activistas, como el caso de Milton y Eneas que están detenidos desde la movilización contra la reforma laboral. Cualquier luchador preso con la carátula de terrorista podría ser considerado preso de alto perfil y ser receptor de estas medidas punitivas. 

Otras importantes reformas son las que podemos ubicar dentro del paquete  inteligencia y prevención del delito. Con el  argumento de la necesidad de identificar los delitos antes de que ocurran, la cámara baja aprobó una serie de medidas que refuerzan el poder punitivo del Estado y fortalece a las fuerzas de seguridad. En  esencia estas medidas implican profundizar el ciberespionaje y el monitoreo digital sin que haya una imputación penal previa, atentando contra el derecho a la privacidad e intimidad de las personas. El mismo va en sintonía con la reciente aprobación de la ley que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir en las calles a cualquier ciudadano el IMEI del celular para verificar si el dispositivo es legal. Otra vez se pone en debate quién va a hacer uso de esa información y sobre todo para qué van a utilizar la información que el ejecutivo genere por medio de la investigación sin que exista una causa en curso ni imputados, es decir, sin que exista un delito a investigar. 

Por otro lado, la ley contempla modificaciones en materia de investigación y proceso penal con el fin de dar más poder a los fiscales y a las fuerzas de seguridad, relegando al juez de su supuesto rol de control institucional de los procesos y permitiendo la arbitrariedad estatal en el uso de estas herramientas. Lo más grave es la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, la contrarreforma aumenta la excepcionalidad de casos en que la policía tiene la potestad para ingresar a un domicilio sin autorización judicial. Ante el repudio que generó este punto, en diputados se incorporó un control judicial de oficio en las 24hs posteriores al allanamiento, elemento que no revierte la inviolabilidad de domicilio que es una garantía constitucional. 

En este sentido, también, se flexibiliza la incorporación de pruebas irregulares en las investigaciones, lo que habilita el incumplimiento de los procedimientos por parte de las fuerzas de seguridad al recabar evidencias. También permite el desalojo y hasta demolición de inmuebles utilizados para el delito incluso antes de que haya una sentencia definitiva, lo que claramente afecta a terceros que son ajenos a la causa. 

Va más rápido que Milei

El plan de Pullaro es el plan de Milei, la gestión pullarista es parte del plan general que tienen los sectores concentrados para nuestro país, se suma al tren de Milei para llevar adelante un ajustazo tremendo a los trabajadores de la mano de un régimen cada vez más autoritario y represivo. 

Antes que Milei intentara las reformas antiobreras, Pullaro ya estaba logrando la aprobación de la reforma previsional en Santa Fe mediante la represión y encarcelando luego a los docentes y trabajadores estatales que ese día estaban movilizados y que todavía tienen causas abiertas.

Mientras Milei se declaraba el presidente más sionista del mundo, en nuestra provincia se amedrentaba a los luchadores de la causa palestina, interviniendo con las fuerzas provinciales actividades de la asamblea de acción por Palestina, persiguiendo a docentes universitarios y ahora llevando a juicio a un militante y activista de la asamblea. 

Mientras Milei aprobaba la reforma laboral, Pullaro reventaba los salarios docentes y estatales e imponía el presentismo extorsivo que va contra el derecho a huelga. 

Mientras Milei entrega nuestros bienes comunes con el RIGI y la Ley de Glaciares, Pullaro financia con dinero de todos los santafesinos obras para que las grandes agroexportadoras y terratenientes puedan sacar sus granos y derivados en los puertos privados del Paraná. 

Y juntos, Pullaro, Milei y Bullrich lanzaron el Plan Bandera metiendo más fuerzas de seguridad en las calles y criminalizando a los sectores populares. Decían que venían a combatir al narcotráfico, pero  sólo metieron la basura debajo de la alfombra, porque las bandas narcocriminales siguen actuando en nuestra ciudad y la región, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y del poder político- empresarial. Negocian la “paz en las calles” a cambio de la libre acción de las bandas narcos.

Por eso, esta brutal contrarreforma represiva, no va contra el crimen organizado, sino a perseguir y encarcelar el narcomenudeo y a los perejiles, a los pibes de nuestros barrios a los que el Estado no les da otra oportunidad de futuro más que ser soldaditos de los narcos. Y también va a ser utilizado contra quienes denunciamos al gobierno y su política de ajuste, a quienes levantamos la voz por las causas justas de la humanidad, a quienes salimos a las calles, nos organizamos y enfrentamos los planes de miseria que nos quieren imponer. 

Para terminar con el negocio narco hay que ir a fondo e investigar todo el entramado político-policial-judicial-empresarial del narcotráfico. Y eso no puede venir de esta justicia corrupta, por eso hay que ir hacia una Comisión Investigadora Independiente, como fue en su momento la CONADEP, para que personalidades intachable y que hace años investigan y denuncian los negocios narcos sean quienes investiguen de manera independiente de la justicia, el poder político y empresarial. 

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Fuente: https://periodismodeizquierda.com/santa-fe-abajo-la-contrarreforma-represiva-y-punitiva-de-pullaro/

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