
Neuquén: solicitaron la elevación a juicio de 19 personas por la desaparición de Sergio Ávalos en 2003
Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusad...
Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por su participación en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante universitario visto por última vez en el interior del boliche “El Fuerte”, conocido también como “Las Palmas”, durante la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando tenía 18 años.
En su requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad, la fiscal sostuvo que la seguridad del local —integrada por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles— estuvo implicada e intervino en la desaparición de Ávalos, y que, junto a personal de mantenimiento, limpieza y administrativo del lugar “que debieron conocer lo sucedido”, se negaron a proporcionar información de lo ocurrido hasta la actualidad, “obstruyendo e impidiendo, cada uno en la medida de sus posibilidades el avance del caso”.
De esta manera, acusó a once personas como coautores y a ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, contemplado en el artículo 142 ter del Código Penal y que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión, destaca el portal Fiscales.
Para la fiscalía, la desaparición se produjo en el marco de una “estructura organizada que funcionaba dentro del boliche, integrada por personal de seguridad del Ejército Argentino y de la Policía de Neuquén y por empleados del establecimiento, bajo la dirección del dueño del local y la coordinación del encargado”, bajo un esquema que constituía un “aparato de violencia organizado” con un modo de operar predefinido.
En la solicitud a juicio se detalla que el personal de seguridad tenía un sistema de funcionamiento que permitía mantener un control permanente de lo que sucedía en el local al intervenir “en la prevención y control de los conflictos de manera violenta” y que contaban “con antecedentes probados de violencia hacia personas que concurrían al lugar”.
En este sistema se acostumbraba a trasladar a clientes del local a un lugar conocido como “cuartito de seguridad”, donde “eran agredidos física y verbalmente cuando acontecía alguna incidencia o inconveniente durante la noche, ya sea entre clientes o entre clientes y el personal que cumplía funciones de seguridad”.
Tiscornia destacó que, aunque la búsqueda del estudiante universitario continúa, cuenta con evidencia suficiente para llevar a juicio a los imputados.
CASO
Sergio Daniel Ávalos era oriundo de la localidad neuquina de Picún Leufú y estudiaba la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En la madrugada del 14 de junio de 2003 concurrió junto a otros estudiantes al local “El Fuerte”, ubicado en Primeros Pobladores 2000 de la ciudad de Neuquén.
Según la investigación, fue visto por última vez dentro del establecimiento entre las 6.30 y las 7 y desde entonces se desconoce su paradero.
“Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen”, concluyó Tiscornia en el requerimiento fiscal.
El caso inició cuando tres días después —el 17 de junio de 2003—, el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo denunció que el joven, que ocupaba una de las habitaciones de la residencia, no había regresado luego de salir a bailar.
Diez años después, en 2013, la querella solicitó que el caso fuera encuadrado como desaparición forzada de personas y que la investigación pasara a la justicia federal. El planteo fue acompañado por la UNCo, que interviene como amicus curiae desde 2012, y por el Ministerio Público Fiscal.
Recién en 2014 la competencia fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró competente a la justicia federal, por lo que desde el 11 de noviembre de ese año, la causa tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante más de cien declaraciones testimoniales, realizó tareas de investigación de campo; obtuvo documentación de organismos públicos y privados; solicitó relevamientos en cementerios de las provincias de Río Negro y Neuquén y produjo informes periciales de cotejo de ADN, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, a partir del hallazgo de restos óseos.
Agencia NA